Clara Elena Marín Gil reclutaba jovencitas, a las que prostituía a través de catálogos en todo el occidente de Boyacá y por medio de teléfonos celulares.
Durante un mes, la Dijín de Bogotá y el Distrito de Policía de Chiquinquirá le hicieron seguimiento a la mujer, de 37 años y oriunda de Armenia (Quindío), radicada en la región hace varios años. Según la Policía, Marín manejaba un grupo de por lo menos 20 menores de edad, que ofrecía a hombres adinerados de la región, incluida una pariente cercana. Se trata de muchachas que, deslumbradas por el dinero y los lujos, abandonaban sus familias y lugares de origen.
"Las menores cobraban una tarifa de 80 mil a 100 mil pesos, por un rato, y 300 a 500 mil pesos por la 'amanecida'. Además, los clientes deben pagar entre 50.000 y 100.000 pesos por cada niña que la indiciada les presentara para que prestara sus servicios sexuales", dicen los informes de la policía.
También se pudo establecer que los padres de las menores desconocían a qué se dedicaban sus hijas, y que Marín Gil las contactaba en Chiquinquirá y municipios vecinos.
En el momento de la captura, fueron rescatadas dos menores de edad (de 14 y 15 años), quienes fueron puestas en poder del Instituto de Bienestar Familiar. Una de ellas había sido reportada como desaparecida, meses atrás.
La mujer es procesada por inducción a la prostitución (proxenetismo), uso indebido de medios de comunicación y trata de personas. Ya fue sometida a dos audiencias públicas y espera a que un juez de conocimiento le dicte sentencia, que podría ser de cinco a 10 años. Mientras tanto, está detenida en una posada de la ciudad.
ARTICULO DEL PERIÓDICO DE EL TIEMPO, CON FECHA SEPTIEMBRE 14 DE 2006.
es un vivo reflejo de como clandestinamente algunos individuos llevan a adolecente hacia la prostitución, estos jóvenes son engañados y a cambio de algunos miles de pesos son puestos a disposicion de servicios sexuales. Todo esto con el animo de que estas personas se lucren a cuestas de los menores. considero que este delito debería ser castigado muy severamente porque 5 o 10 años no son suficientes para que el daño físico y psicológico causado a los adolecentes sea reparado.
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